La Corte Penal Internacional confirmó oficialmente este 11 de mayo que emitió una orden de arresto contra el senador filipino Ronald dela Rosa, uno de los hombres más cercanos al expresidente Rodrigo Duterte y considerado uno de los principales ejecutores de la sangrienta guerra antidrogas que estremeció Filipinas entre 2016 y 2022. La noticia fue divulgada inicialmente por Reuters y ha provocado una enorme conmoción política en el país asiático.
Según la CPI, la orden había sido emitida de forma secreta el 6 de noviembre de 2025 y permanecía bajo sello judicial hasta ahora. Dela Rosa es acusado de crímenes de lesa humanidad por su presunto papel en la coordinación y supervisión de miles de ejecuciones extrajudiciales durante la llamada “guerra contra las drogas” impulsada por Duterte.
Ronald dela Rosa fue jefe de la Policía Nacional filipina durante la fase más violenta de la campaña antidrogas y posteriormente se convirtió en senador y uno de los principales defensores políticos de Duterte. Organizaciones internacionales de derechos humanos sostienen que la operación dejó miles de muertos, muchos de ellos habitantes pobres ejecutados sin juicio en operativos policiales o ataques de escuadrones armados.
Tras conocerse la noticia, dela Rosa se refugió dentro del Senado filipino mientras aliados políticos intentaban impedir que agentes judiciales ejecutaran la orden de arresto. Videos difundidos por medios locales muestran momentos de tensión dentro del edificio legislativo y reportes señalan que el Senado incluso entró temporalmente en “lockdown” para protegerlo.
El caso se produce además en un momento especialmente delicado para el clan Duterte. El propio Rodrigo Duterte fue arrestado en marzo de 2025 y trasladado a La Haya donde enfrenta juicio por crímenes de lesa humanidad relacionados con la misma campaña antidrogas. En abril de 2026 los jueces de la CPI confirmaron formalmente los cargos contra él y autorizaron que el proceso avance hacia juicio.
Mientras tanto, la vicepresidenta filipina Sara Duterte también atraviesa una grave crisis política después de que el Congreso aprobara recientemente un proceso de destitución en su contra por acusaciones de corrupción y abuso de poder.
La CPI sostiene que Filipinas continúa bajo su jurisdicción para investigar los crímenes cometidos antes de la salida oficial del país del tribunal en 2019. Duterte y sus aliados han denunciado durante años que las acusaciones forman parte de una persecución política internacional, mientras familiares de víctimas y organizaciones humanitarias consideran que el caso representa uno de los mayores intentos de rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos en Asia durante las últimas décadas.
Comentarios
Publicar un comentario