Este miércoles será la segunda y quizá última sesión del primer juicio al ex viceprimer ministro Alejandro Gil Fernández, que transcurre a puerta cerrada, como es norma en la mayoría de las legislaciones del mundo cuando se trata de presuntos delitos de espionaje.
Las sesiones de ayer y hoy —salvo milagro— transcurrirán con la liturgia marcada por el totalitarismo a su conveniencia. Y aunque Abel Solá López es uno de los dos mejores abogados penalistas de Cuba, su actuación está limitada por la condición de Interés del Estado (I.E.), inscripción manuscrita y en rojo que aparece en la portada del expediente instruido por la Seguridad del Estado; como es norma antidemocrática en estos casos.
Solá López no lo tiene fácil, porque el castrismo inició su derribo de la justicia democrática en fecha tan temprana como el 26 de julio de 1953. “Esa madrugada, todos nos pusimos fuera de la ley”, aseguró Fidel Castro en una sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, durante un debate técnico entre Escalona y el diputado René Anillo.
La repetición de juicios ya sentenciados por tribunales, ordenados por Fidel Castro; la eliminación de la Sala de Garantías Constitucionales del Supremo (1976); y la sorpresa de los abogados del ex ministro del Interior José Abrantes y demás acusados de la Causa 2 de 1989, cuando al finalizar la primera sesión Castro salió de detrás de unas cortinas, se acercó al estrado de la Defensa y los calmó: “No se preocupen, que este juicio no es de pena de muerte”; son hitos de la barbarie jurídica practicada regularmente por el jefe, pese a su condición de graduado en Derecho.
Habrá que esperar a que afloje el cerco impuesto por la dictadura más vieja de Occidente para conocer detalles, piruetas y anécdotas sabrosas del proceso que ha perdido la dictadura desde que procedió a detener a Gil, al exgobernador de Cienfuegos Alexandre Corona Quintero y a otros implicados no identificados, pero que serán juzgados en el segundo round.
La política de cuadros y la vigilancia de la Contrainteligencia son sonoros fracasos del tardocastrismo, que no lo asumirá, pero tiene claras responsabilidades políticas en el affaire Gil, donde la tiranía ni siquiera ha permitido la asistencia de su hija a las sesiones del juicio, optando por su hermano varón.
Mientras llegan los rumores —amigos y enemigos— sobre lo que está ocurriendo en el antiguo tribunal de Marianao, que ha sido sede del Tribunal Provincial de la entonces provincia de La Habana (lo que los abuelos llamaban Habana Campo), me quedo con estos detalles:
1. Neoperiodismo y confusiones mediáticas
Una parte del neoperiodismo y los filósofos de barbería siguen haciendo gala de su incapacidad, despreciando cuanto ignoran porque viven pendientes de la monetización y el lucimiento, en vez del rigor informativo.
a) En escasas ocasiones los juicios por espionaje son públicos. Pero ha resultado llamativo que el espía fracasado René González se haya sumado al coro de quienes reclaman transparencia, y que el Buró Político se haya visto obligado a responder indirectamente a la demanda usando al holguinero Arnel Medina Cuenca, un mediocre confiable que fue presidente de la Unión de Juristas de Cuba y que, junto con su esposa Mayda Goite, vicerrectora de la Universidad de La Habana, practica la docencia.
En la historia del castrismo, los pocos juicios televisados fueron concebidos como escarmientos públicos: el juicio de Sosa Blanco (fusilado), el juicio de los pilotos (parametración en Cubana y la DAAFAR), el de los presos de la Brigada 2506 en la Ciudad Deportiva, o el de Marcos Rodríguez (fusilado como supuesto delator de los muchachos de Humboldt 7). Es posible que olvide alguno.
Técnicamente, hasta entrados los años 70 no fue posible grabar los juicios porque no había llegado el video tape a la televisión cubana, que usó esa técnica en formato C para la Televisión Educativa.
En cualquier caso, la legislación vigente establece que es potestad del tribunal determinar si el juicio oral es público o cerrado.
b) Varios reporteros intrépidos volvieron a confirmar su incapacidad cuando mezclaron la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Supremo —que es un fuero civil— con el ámbito jurídico militar, que no tiene entidad alguna en el Supremo y se rige por una estructura propia con demarcaciones territoriales. No contentos con la mezcolanza, confundieron a Luis Solá Vila, padre de Abel, con el abogado que ejerce la defensa del principal acusado.
Solá Vila debe de estar partiéndose de risa en su casa habanera, donde disfruta o sufre del retiro tras una dilatada hoja de servicios al castrismo: fue jefe de la asesoría jurídica del Consejo de Ministros en tiempos de Osmany Cienfuegos Gorriarán, embajador ante los organismos internacionales de la ONU en Ginebra y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, entre otros cargos.
Una vez lanzados textos, directas, posts y reels en busca de moneda dura, los errores se viralizaron entre curiosos e ignorantes de cuanto ocurre en la desgraciada isla.
Las futuras generaciones de cubanos tendrán que hacer malabares para entender lo ocurrido en Cuba en esta época, a través del periodismo militante y de cartón piedra que practican ambos bandos.
Al juzgar a Gil por la vía militar, el régimen juega con la ventaja de que el abogado defensor no puede acceder al sumario hasta que el instructor y el fiscal hayan concluido su trabajo, ni se le permite tener contacto con su defendido hasta ese momento; generando una indefensión notable, lógica en un Estado que ha hecho de la persecución de los cubanos uno de sus más persistentes delirios.
El Tribunal Militar Territorial de La Habana, con sede en El Calvario, condenó a trece años de prisión a la cubanoamericana Alina López Miyares por el delito de espionaje, junto a su entonces esposo, Félix Milanés Fajardo, un oficial de la Inteligencia cubana con fachada diplomática en Nueva York.
2. El edificio y el escenario del juicio
El edificio que alberga el juicio contra Gil, ubicado en 100 y 33, y conocido así por el mundo jurídico cubano, tiene origen batistiano, pues formó parte de un programa del dictador para dotar a los municipios de sedes judiciales con un mismo modelo constructivo.
Quizá nunca sabremos qué factores tuvo en cuenta la casta verde olivo y enguayaberada para celebrar el juicio a Gil en Marianao y no en la casona de Juan Delgado y Carmen, en La Víbora, sede del Tribunal Municipal de 10 de Octubre, donde sus vecinos se han librado esta vez del aparatoso despliegue que suele montar Villa Marista cuando el caso lo amerita.
Primero aparece un camión de control remoto en el costado del tribunal, con el objetivo de grabar el juicio marcado como I.E. y transmitirlo al circuito cerrado exclusivo para miembros del Buró Político; luego desvían las rutas de guaguas que circulan por Juan Delgado, limitan el tráfico rodado en el perímetro de seguridad, y temprano aparecen uno o dos carros de la Seguridad del Estado llevando a los reos, entrando por la Avenida de Acosta en dirección contraria al tráfico habitual.
Previamente, los presos son trasladados desde prisiones y casas de seguridad a Villa Marista, donde reciben la sonora advertencia de “¡Se te dijo y se te advirtió!”, los previenen contra cualquier tentación de hacerse un alegato made in “La historia me absolverá”, y son pelados y maquillados.
3. Una anécdota del paripé judicial
Aunque Gil está sentenciado de antemano, el tribunal donde ocurre el paripé fue protagonista de una de las anécdotas más divertidas de la intrahistoria revolucionaria.
El compañero Juan Escalona Reguera, entonces ministro de Justicia, emprendió una gira por los Tribunales Populares Provinciales y, al llegar al de 100 y 33, se sobresaltó con una pancarta de bienvenida que ordenó retirar:
“¡Saludamos el 26 de julio con cero absoluciones!”
Comentarios
Publicar un comentario