El exministro de Economía y exviceprimer ministro Alejandro Gil Fernández, actualmente bajo investigación, ha contratado como defensor al abogado penalista Abel Solá López, conocido por su participación en procesos relacionados con delitos de “seguridad del Estado”.
Gil Fernández enfrenta cargos por malversación, evasión fiscal, lavado de activos, espionaje y tráfico de influencias, entre otros. Su detención en 2024 marcó una de las caídas más abruptas de un alto funcionario del régimen cubano en los últimos años.
Fuentes cercanas afirman que el juicio podría celebrarse bajo estricto control político y judicial, dada la naturaleza de los delitos imputados. El caso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre corrupción, poder y falta de transparencia en las estructuras gubernamentales de la Isla.
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